A finales del presente año se cumplirá una década desde la aprobación de la Ley 13/1996 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social por la que por primera vez se introducen de manera oficial y se regulan los medicamentos genéricos en España.
Dentro del capítulo III de esta norma, el artículo 169 introducía varias modificaciones en la Ley 25/1990 del Medicamento. De este modo se establecía el concepto de especialidad farmacéutica genérica y se permitía al Gobierno limitar la financiación pública de medicamentos a aquellas opciones bioequivalentes que no superasen determinadas cuantías.
Poco tiempo después se introducían en el mercado los primeros medicamentos genéricos y con ellos se iniciaba para todos los agentes del sector el desarrollo de una nueva cultura en el uso de esta categoría recién inaugurada. A los gestores sanitarios se les ofrecía una nueva herramienta con la que poder incidir en el control de la factura farmacéutica y debían enfrentarse al reto de educar al ciudadano en este nuevo concepto. En el ámbito de la prescripción se invitaba al médico a hacer uso en la medida de lo posible de esta nueva categoría. Para el farmacéutico se hacía necesario ampliar el número de referencias a controlar en su oficina de farmacia y junto con el médico debían colaborar en la educación del paciente, a quien el nuevo entorno se le antojaba a veces un galimatías y no acababa de entender por qué de improviso se le cambiaba la medicación “de toda la vida”.
No cabe duda de que la aprobación y entrada en vigor cuatro años después del Sistema de Precios de Referencia supuso un nuevo y definitivo empuje al desarrollo y consolidación de los medicamentos genéricos en nuestro país. Asimismo, esta política ha obligado a los medicamentos de marca a reducir su precio para mantener la competitividad frente a la aparición de genéricos, con lo que se ha contribuido así a la contención del gasto farmacéutico.
La tramitación actual de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios supone un nuevo hito en esta historia. En relación a los medicamentos genéricos esta norma pretende potenciar aún más el uso de éstos, con el objetivo de equipararnos a otros países de nuestro entorno, tales como Alemania, Reino Unido o Dinamarca.
Tal como está redactado el texto que actualmente se está tramitando en el Senado, las autoridades sanitarias continúan inexplicablemente dando un trato diferencial al medicamento genérico y privilegiándolo sobre el resto de medicamentos incluidos en los denominados conjuntos homogéneos. Así, por ejemplo, en el artículo 85 se insta al farmacéutico a dispensar el medicamento de menor precio y, en caso de igualdad de precio deberá optar por el genérico, si lo hubiere. El mismo caso se puede apreciar en el redactado del artículo 93.
Si tal como se explicita en el texto legal lo único que pretende el legislador con esta norma es contribuir al uso racional del medicamento y al control de la factura farmacéutica, esto ya se logra prescribiendo y dispensando un principio activo con precio igual o inferior al de referencia del conjunto homogéneo en el que esté incluido. Lo que no acaba de comprenderse y que merecería alguna explicación por parte del regulador es por qué a igualdad de eficacia, seguridad y precio se opta por favorecer a unas compañías en perjuicio de otras.
En la línea de lo anteriormente expuesto, con relativa frecuencia desde la administración sanitaria se transmite la idea de que los genéricos son más baratos, lo cual no es del todo exacto. Sería más acertado hablar de principios activos incluidos en conjuntos homogéneos. Del mismo modo cuando se dice, por ejemplo, que tal comunidad autónoma aspira este año a tal porcentaje de prescripción de genéricos, se debería tal vez hablar de porcentaje de prescripción de medicamentos pertenecientes a conjuntos homogéneos.
Un tema que merece un juicio aparte es hasta qué punto los gestores sanitarios deben fijar un porcentaje de utilización de medicamentos incluidos en conjuntos homogéneos, pues esto será función de la disponibilidad de éstos y de que los agentes sanitarios apliquen su mejor criterio profesional. Creemos que el médico es quien debe seleccionar el principio activo que en su opinión resulte más adecuado. Para una determinada indicación en unas ocasiones el tratamiento aconsejable estará en un conjunto homogéneo y en otras no. Si el fabricante del producto original ha perdido la protección de patente, por haber vencido ésta, corresponderá a la Administración Sanitaria decidir la creación de un nuevo conjunto homogéneo y el correspondiente precio de referencia. El farmacéutico podrá dispensar al paciente una presentación cuyo precio sea igual o inferior al precio de referencia. El resultado de todo ello será el porcentaje de uso de medicamentos homogéneos. Que entre éstos haya más o menos genéricos debería depender de la competitividad de las compañías que los fabriquen.
En definitiva, la autoridad sanitaria debe asegurarse la contribución a la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público, procurando salvaguardar la libertad de prescripción del médico y garantizando la igualdad de trato a las compañías farmacéuticas que compiten de este modo libremente dentro de los diferentes conjuntos homogéneos. El farmacéutico podrá eventualmente llevar a cabo la sustitución, pero sin la obligatoriedad de favorecer al medicamento genérico sobre el de marca.
Wednesday, May 3, 2006
Sunday, January 6, 2002
2002: un año de transición para compañías líderes
Los avances en la tecnología empleada en el descubrimiento de nuevos fármacos, el conocimiento del genoma humano y el envejecimiento progresivo de la población son algunas sólidas razones para creer que la industria farmacéutica va a continuar desarrollándose en los próximos años. No obstante, si analizamos las compañías líderes, vemos que a corto plazo las perspectivas no son iguales para todas ellas. Precisamente el año que acabamos de iniciar se revela como un período de transición clave al menos para cuatro de estas compañías.
La primera de estas compañías es AstraZeneca, para la que el vencimiento el pasado mes de octubre en EEUU de la patente del superventas Losec (omeprazol), que representa el 40 por ciento de las ventas de la compañía, supondrá enfrentarse a la competencia de los genéricos, una vez se resuelvan las demandas que tiene pendientes. Para tener una idea de la rapidez con que puede erosionarse una marca por la aparición de genéricos tan solo hemos de observar la evolución de Prozac, la fluoxetina de Lilly, cuyas ventas al cierre del tercer trimestre de 2001 habían caído un 34 por ciento, tras la pérdida de la patente el pasado agosto. Para preservar su posición de liderazgo en el área gastrointestinal, la táctica de AstraZeneca ha sido comercializar Nexium (esomeprazol), un isómero simple de omeprazol. Tras su lanzamiento en Suecia (agosto 2000), la introducción en EEUU (marzo 2001) está siendo un éxito, habiendo superado a Losec en nuevas prescripciones.
Otra de las compañías que contempla el 2002 como un año de transición es Aventis. Al igual que otras compañías líderes, Aventis siente también la amenaza de los genéricos. La compañía ha demandado a Barr Laboratories por infringir supuestamente la patente de su principal producto, Telfast/Allegra (fexofenadina) Mientras se resuelve la demanda, gana tiempo para preparar nuevas formulaciones e indicaciones del producto y reforzar su pipeline en el sector respiratorio y de alergia que le permita asegurar su crecimiento a largo plazo. No obstante, en fase de investigación tiene productos de notable interés, tales como un inhibidor de la resorción biliar y un agente antiobesidad. En el 2002 Aventis deberá acabar de materializar todas las sinergias previstas en la fusión.
Una tercera compañía para la que el 2002 se considera un año puente es Bristol-Myers Squibb. Aunque la compañía ha anunciado que lanzará tres nuevos blockbusters por año, los lanzamientos no comenzarán previsiblemente hasta el 2003. Los efectos del más que probable vencimiento el próximo año de la patente de Glucophage (metformina) y la consecuente competencia de genéricos han sido ya presupuestados por BMS. La reducción prevista en las ventas ha sido del 80 por ciento. A ello hay que añadir la erosión de las ventas del ansiolítico Buspar (buspirona) y del anticancerígeno Taxol (paclitaxel) La compañía habrá de enfrentarse también a las demandas de 29 estados norteamericanos que alegan que durante cuatro meses BMS evitó de forma ilegal la comercialización de genéricos de buspirona. Los inversores ya se han adelantado y han descontado en el valor de la acción los efectos de todo lo anterior sobre el bottom-line de la compañía. Un desafío adicional es el reenfoque de su negocio, tras la desinversión de Clairol (línea de productos de belleza) y de Zimmer (unidad de ortopedia) y la adquisición del negocio farmacéutico de DuPont. BMS ya anunció en el 2000 su intención de dejar de ser una compañía holding diversificada en unidades de negocio y concentrarse en el sector farmacéutico. El registro de nuevas formulaciones e indicaciones le debe permitir extender el ciclo de vida de sus productos estrella.
Por último, también para Merck & Co. el 2002 es un año de transición, tal como declaró la propia Judy Lewent, la máxima responsable de finanzas de la compañía. A finales de 2001, Merck ha vuelto a sorprender a los analistas anunciando que sus beneficios apenas crecerán en 2002. La razón fundamental es el vencimiento de las patentes de productos clave. Ello ha avivado las especulaciones que afirman que Merck no podrá basar su futuro únicamente en el crecimiento orgánico, sino que deberá considerar una fusión o adquisición para impulsar sus resultados, al igual que han hecho otras compañías líderes en el pasado. Ya en el último año se especuló de forma importante con la posible adquisición de Schering-Plough. A ello ha contribuido, quizá, el hecho de que ambas compañías sean socias en algunos proyectos. En 2001 las ventas de Vioxx (rofecoxib) han retrocedido y la compañía sufrirá los efectos de la pérdida de la patente de Prilosec (omeprazol) en 2002. Recientemente ya ha experimentado las consecuencias negativas de los vencimientos de las patentes de Renitec/Vasotec (enalapril) y de Tamin/Pepcid (famotidina) En breve vencerá la patente de Mevacor (lovastatina) En 2002 deberá confiar en la positiva evolución de sus productos estrella Zocor (simvastatina), Vioxx (rofecoxib), Fosamax (alendronato), Singulair (montelukast) y Cozaar/Hyzaar (losartan, sólo o asociado a hidroclorotiazida), apoyada por la aprobación de nuevas indicaciones.
A la vista de los hechos expuestos, se pone de manifiesto como la conjunción de la pérdida de la protección de la patente en importantes marcas y la falta transitoria de productos de gran potencial coloca a compañías de gran peso en el sector en una difícil coyuntura que podría ser aprovechada por sus competidores.
La primera de estas compañías es AstraZeneca, para la que el vencimiento el pasado mes de octubre en EEUU de la patente del superventas Losec (omeprazol), que representa el 40 por ciento de las ventas de la compañía, supondrá enfrentarse a la competencia de los genéricos, una vez se resuelvan las demandas que tiene pendientes. Para tener una idea de la rapidez con que puede erosionarse una marca por la aparición de genéricos tan solo hemos de observar la evolución de Prozac, la fluoxetina de Lilly, cuyas ventas al cierre del tercer trimestre de 2001 habían caído un 34 por ciento, tras la pérdida de la patente el pasado agosto. Para preservar su posición de liderazgo en el área gastrointestinal, la táctica de AstraZeneca ha sido comercializar Nexium (esomeprazol), un isómero simple de omeprazol. Tras su lanzamiento en Suecia (agosto 2000), la introducción en EEUU (marzo 2001) está siendo un éxito, habiendo superado a Losec en nuevas prescripciones.
Otra de las compañías que contempla el 2002 como un año de transición es Aventis. Al igual que otras compañías líderes, Aventis siente también la amenaza de los genéricos. La compañía ha demandado a Barr Laboratories por infringir supuestamente la patente de su principal producto, Telfast/Allegra (fexofenadina) Mientras se resuelve la demanda, gana tiempo para preparar nuevas formulaciones e indicaciones del producto y reforzar su pipeline en el sector respiratorio y de alergia que le permita asegurar su crecimiento a largo plazo. No obstante, en fase de investigación tiene productos de notable interés, tales como un inhibidor de la resorción biliar y un agente antiobesidad. En el 2002 Aventis deberá acabar de materializar todas las sinergias previstas en la fusión.
Una tercera compañía para la que el 2002 se considera un año puente es Bristol-Myers Squibb. Aunque la compañía ha anunciado que lanzará tres nuevos blockbusters por año, los lanzamientos no comenzarán previsiblemente hasta el 2003. Los efectos del más que probable vencimiento el próximo año de la patente de Glucophage (metformina) y la consecuente competencia de genéricos han sido ya presupuestados por BMS. La reducción prevista en las ventas ha sido del 80 por ciento. A ello hay que añadir la erosión de las ventas del ansiolítico Buspar (buspirona) y del anticancerígeno Taxol (paclitaxel) La compañía habrá de enfrentarse también a las demandas de 29 estados norteamericanos que alegan que durante cuatro meses BMS evitó de forma ilegal la comercialización de genéricos de buspirona. Los inversores ya se han adelantado y han descontado en el valor de la acción los efectos de todo lo anterior sobre el bottom-line de la compañía. Un desafío adicional es el reenfoque de su negocio, tras la desinversión de Clairol (línea de productos de belleza) y de Zimmer (unidad de ortopedia) y la adquisición del negocio farmacéutico de DuPont. BMS ya anunció en el 2000 su intención de dejar de ser una compañía holding diversificada en unidades de negocio y concentrarse en el sector farmacéutico. El registro de nuevas formulaciones e indicaciones le debe permitir extender el ciclo de vida de sus productos estrella.
Por último, también para Merck & Co. el 2002 es un año de transición, tal como declaró la propia Judy Lewent, la máxima responsable de finanzas de la compañía. A finales de 2001, Merck ha vuelto a sorprender a los analistas anunciando que sus beneficios apenas crecerán en 2002. La razón fundamental es el vencimiento de las patentes de productos clave. Ello ha avivado las especulaciones que afirman que Merck no podrá basar su futuro únicamente en el crecimiento orgánico, sino que deberá considerar una fusión o adquisición para impulsar sus resultados, al igual que han hecho otras compañías líderes en el pasado. Ya en el último año se especuló de forma importante con la posible adquisición de Schering-Plough. A ello ha contribuido, quizá, el hecho de que ambas compañías sean socias en algunos proyectos. En 2001 las ventas de Vioxx (rofecoxib) han retrocedido y la compañía sufrirá los efectos de la pérdida de la patente de Prilosec (omeprazol) en 2002. Recientemente ya ha experimentado las consecuencias negativas de los vencimientos de las patentes de Renitec/Vasotec (enalapril) y de Tamin/Pepcid (famotidina) En breve vencerá la patente de Mevacor (lovastatina) En 2002 deberá confiar en la positiva evolución de sus productos estrella Zocor (simvastatina), Vioxx (rofecoxib), Fosamax (alendronato), Singulair (montelukast) y Cozaar/Hyzaar (losartan, sólo o asociado a hidroclorotiazida), apoyada por la aprobación de nuevas indicaciones.
A la vista de los hechos expuestos, se pone de manifiesto como la conjunción de la pérdida de la protección de la patente en importantes marcas y la falta transitoria de productos de gran potencial coloca a compañías de gran peso en el sector en una difícil coyuntura que podría ser aprovechada por sus competidores.
Monday, September 10, 2001
Un trato más ponderado
Desde hace cinco años, gracias a la Fundación Vila Casas y al Observatorio de la Comunidad Científica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, se publica anualmente el Informe Quiral, un dossier que se basa en el análisis de las informaciones de sanidad publicadas en los medios de comunicación escritos, habiéndose convertido ya en una referencia para conocer los temas que preocupan a la sociedad en el ámbito sanitario. En su última edición (2000), entre otras conclusiones, se constata que “los mismos valores-noticia que son válidos para otros temas de la agenda periodística, lo son también para las noticias de salud y medicina, es decir, aquellos que llevan asociadas características (o valores) como espectacularidad, grandiosidad, negatividad, controversia, proximidad, novedad, etc.” Esto es, por tanto, válido también para las noticias relacionadas con la industria farmacéutica.
Con la misma ligereza con que se anuncia, por ejemplo, un nuevo anticancerígeno que todavía se encuentra en sus fases preliminares de investigación, se describe la consecución de supuestos resultados económicos o financieros espectaculares o se critica la falta de solidaridad de la industria con los países menos favorecidos económicamente. El trato que, aún hoy, recibe la información sobre el sector farmacéutico en los medios de comunicación de masas, lejos de ponderar el análisis, parece radicalizarse, contribuyendo así a crear una imagen de industria interesada únicamente en conseguir beneficios para sus accionistas. Parece como si la presión creciente a la que viven sometidas las compañías farmacéuticas alimentase esta tendencia. También cabe la posibilidad de que hasta el presente la industria farmacéutica no haya sabido transmitir el valor que aporta a la sociedad.
Hasta los años ochenta, el crecimiento en la industria farmacéutica se basaba en invertir fuertemente en investigación y desarrollo, comercializar el resultado obtenido e invertir gran parte de los beneficios subsecuentes en obtener nuevos productos. Hace dos décadas, el entorno se volvió mucho más hostil, debido en buena parte a las medidas aplicadas por los gobiernos para contener el gasto, a los crecientes costes en I+D, a las mayores exigencias en la obtención de las autorizaciones de comercialización, al vencimiento de la patente de importantes productos y la consecuente competencia de genéricos, etc. En numerosas ocasiones, se ha explicado así, por ejemplo, la ola de fusiones y adquisiciones que siguió a estos cambios o la externalización de funciones que se consideraba no añadían valor.
En este contexto, las exigencias a la industria se han justificado frecuentemente con apelaciones a sus crecientes ingresos anuales, sin valorar suficientemente el marco de elevado riesgo en que se desarrollan sus actividades. Por cada medicamento que llega a comercializarse, es necesario sintetizar y evaluar varios miles de compuestos, con un coste asociado que se ha multiplicado por cinco en los últimos 25 años. Los detractores de la industria deberían explicar cómo, sin beneficios, pueden conseguirse los 80.000 millones de pesetas (o, si se prefiere, los 500 millones de euros) que cuesta poner un nuevo producto en el mercado. En plena era de la genómica, la mayor parte de las empresas de biotecnología están generando perdidas millonarias (en dólares), mientras que existen en este momento más de un centenar de productos comercializados. Aquellos que atribuyen desorbitados beneficios al sector, deberían explicar por qué las compañías farmacéuticas distribuyen similares dividendos a sus accionistas que otros sectores con parecida valoración. Aunque el beneficio constituye un tema legítimo en el debate sobre los precios de los medicamentos y el gasto farmacéutico, debe enmarcarse sólo en un contexto de márgenes comparativos con otros sectores y teniendo en cuenta tanto costes de desarrollo, como costes directos de producción.
De hecho, quien se beneficia realmente de la actividad de la industria farmacéutica es la sociedad en su conjunto. En primer lugar, mediante la reducción de los costes de atención sanitaria a través del control y la prevención de enfermedades, permitiendo a las personas mantenerse en buen estado de salud y potencialmente productivas. Por poner un ejemplo, treinta años atrás, el tratamiento de la úlcera péptica requería cirugía, seguido de hospitalización de una semana y convalecencia de dos o tres meses, con resultados a veces insatisfactorios. Actualmente, el coste del tratamiento se ha reducido notablemente gracias al uso de medicamentos. En segundo lugar, proporcionando empleo a un elevado número de personas (35.000 solamente en nuestro país), de las cuales una buena parte es personal altamente cualificado.
La industria farmacéutica no sólo merece ser objeto de crítica, como con demasiada frecuencia viene sucediendo. También merece que se le reconozcan sus méritos. Y en ello, los medios de comunicación tienen una parte importante de responsabilidad al informar. En numerosas ocasiones, cuando leemos una noticia relacionada con el sector, se echan en falta análisis realizados con mayor ponderación, con rigor profesional, contrastando las informaciones antes de su publicación, llegando incluso a causar alarma en los pacientes o minar la confianza de la sociedad en los medicamentos. Sería necesario no dejarse llevar tan a menudo por la urgencia del día a día de la profesión y abordar la elaboración de determinadas noticias con mayor reflexión. No cabe duda, que a ello debe ayudar un diálogo fluido y permanente, no esporádico, con la industria. Tal vez, muchos periodistas se sorprenderían al descubrir que la mayoría de las personas de este sector se siente motivada por la fuerte creencia en el valor humano y social de su trabajo.
Con la misma ligereza con que se anuncia, por ejemplo, un nuevo anticancerígeno que todavía se encuentra en sus fases preliminares de investigación, se describe la consecución de supuestos resultados económicos o financieros espectaculares o se critica la falta de solidaridad de la industria con los países menos favorecidos económicamente. El trato que, aún hoy, recibe la información sobre el sector farmacéutico en los medios de comunicación de masas, lejos de ponderar el análisis, parece radicalizarse, contribuyendo así a crear una imagen de industria interesada únicamente en conseguir beneficios para sus accionistas. Parece como si la presión creciente a la que viven sometidas las compañías farmacéuticas alimentase esta tendencia. También cabe la posibilidad de que hasta el presente la industria farmacéutica no haya sabido transmitir el valor que aporta a la sociedad.
Hasta los años ochenta, el crecimiento en la industria farmacéutica se basaba en invertir fuertemente en investigación y desarrollo, comercializar el resultado obtenido e invertir gran parte de los beneficios subsecuentes en obtener nuevos productos. Hace dos décadas, el entorno se volvió mucho más hostil, debido en buena parte a las medidas aplicadas por los gobiernos para contener el gasto, a los crecientes costes en I+D, a las mayores exigencias en la obtención de las autorizaciones de comercialización, al vencimiento de la patente de importantes productos y la consecuente competencia de genéricos, etc. En numerosas ocasiones, se ha explicado así, por ejemplo, la ola de fusiones y adquisiciones que siguió a estos cambios o la externalización de funciones que se consideraba no añadían valor.
En este contexto, las exigencias a la industria se han justificado frecuentemente con apelaciones a sus crecientes ingresos anuales, sin valorar suficientemente el marco de elevado riesgo en que se desarrollan sus actividades. Por cada medicamento que llega a comercializarse, es necesario sintetizar y evaluar varios miles de compuestos, con un coste asociado que se ha multiplicado por cinco en los últimos 25 años. Los detractores de la industria deberían explicar cómo, sin beneficios, pueden conseguirse los 80.000 millones de pesetas (o, si se prefiere, los 500 millones de euros) que cuesta poner un nuevo producto en el mercado. En plena era de la genómica, la mayor parte de las empresas de biotecnología están generando perdidas millonarias (en dólares), mientras que existen en este momento más de un centenar de productos comercializados. Aquellos que atribuyen desorbitados beneficios al sector, deberían explicar por qué las compañías farmacéuticas distribuyen similares dividendos a sus accionistas que otros sectores con parecida valoración. Aunque el beneficio constituye un tema legítimo en el debate sobre los precios de los medicamentos y el gasto farmacéutico, debe enmarcarse sólo en un contexto de márgenes comparativos con otros sectores y teniendo en cuenta tanto costes de desarrollo, como costes directos de producción.
De hecho, quien se beneficia realmente de la actividad de la industria farmacéutica es la sociedad en su conjunto. En primer lugar, mediante la reducción de los costes de atención sanitaria a través del control y la prevención de enfermedades, permitiendo a las personas mantenerse en buen estado de salud y potencialmente productivas. Por poner un ejemplo, treinta años atrás, el tratamiento de la úlcera péptica requería cirugía, seguido de hospitalización de una semana y convalecencia de dos o tres meses, con resultados a veces insatisfactorios. Actualmente, el coste del tratamiento se ha reducido notablemente gracias al uso de medicamentos. En segundo lugar, proporcionando empleo a un elevado número de personas (35.000 solamente en nuestro país), de las cuales una buena parte es personal altamente cualificado.
La industria farmacéutica no sólo merece ser objeto de crítica, como con demasiada frecuencia viene sucediendo. También merece que se le reconozcan sus méritos. Y en ello, los medios de comunicación tienen una parte importante de responsabilidad al informar. En numerosas ocasiones, cuando leemos una noticia relacionada con el sector, se echan en falta análisis realizados con mayor ponderación, con rigor profesional, contrastando las informaciones antes de su publicación, llegando incluso a causar alarma en los pacientes o minar la confianza de la sociedad en los medicamentos. Sería necesario no dejarse llevar tan a menudo por la urgencia del día a día de la profesión y abordar la elaboración de determinadas noticias con mayor reflexión. No cabe duda, que a ello debe ayudar un diálogo fluido y permanente, no esporádico, con la industria. Tal vez, muchos periodistas se sorprenderían al descubrir que la mayoría de las personas de este sector se siente motivada por la fuerte creencia en el valor humano y social de su trabajo.
Monday, June 4, 2001
El debate de la píldora del día después
Hace algunos días he tenido la oportunidad de asistir a un acto organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona con motivo de la comercialización de la impropiamente llamada “píldora del día después” o pdd (digo impropiamente porque píldora es según el diccionario de la RAE una “bolita que se hace mezclando un medicamento con un excipiente adecuado para ser administrado por vía oral”, y la forma galénica en la que se presenta este nuevo producto es la de comprimido). El objetivo de la reunión era informar a los farmacéuticos sobre las características de este nuevo medicamento y resolver las dudas que éstos pudieran tener. En su alocución introductoria, Joan Durán, Presidente del COF de Barcelona, propuso centrar el contenido del acto en los aspectos farmacológicos y rogó al público asistente evitar el debate de las cuestiones éticas. No obstante, muy acertadamente, no obvió tratar estas últimas en un próximo encuentro si se consideraba necesario. Explícitamente reconoció el derecho del farmacéutico a la objeción de conciencia, aunque advirtió que la ley está por encima de la conciencia del ciudadano. Más de uno podrá preguntarse si es necesario profundizar en el debate de la pdd.
Para empezar, en mi opinión deberíamos hablar de debates, en plural, y no de debate, en singular, pues al menos son tres las cuestiones en discusión. Uno, si se trata de un contraceptivo o de un contragestivo (o abortivo). Dos, si debe ser financiado por la administración sanitaria o no. Tres, si su adquisición debe requerir prescripción médica o puede dispensarse en la farmacia sin necesidad de receta.
Respecto a la primera disyuntiva, es difícil llegar a una conclusión, pues según manifestó en la reunión antes mencionada Francisca Martínez, ginecóloga del Instituto Dexeus de Barcelona y Presidenta de la Sociedad Española de Contracepción, los estudios clínicos publicados no demuestran el mecanismo de acción por el cual el levonorgestrel (principio activo de la pdd) ejerce su efecto. No se sabe si éste tiene lugar inhibiendo o retrasando la ovulación, impidiendo la unión del óvulo y del espermatozoide, evitando la implantación del embrión en el útero, o a través de cualquier otro mecanismo. En función de cuál pueda ser este mecanismo, el producto deberá ser llamado contraceptivo, si impide la formación del embrión, o contragestivo, si evita su implantación en el útero. Si nos atenemos a lo que se afirma en la información suministrada por el laboratorio que comercializa la pdd en nuestro país, el producto sería ambas cosas, pues “impide la ovulación inhibiendo el pico de LH” e “impide la implantación produciendo cambios endometriales y alteración del moco cervical”. Sea como fuere, lo que no parece demostrado es que la pdd no tenga un efecto abortivo, por lo que se comprende la reacción de los disconformes con esta práctica, en general, y de la Conferencia Episcopal, en particular. Para todo aquél a quien interese el tema, juzgo de sumo interés la lectura de las tres Tribunas de Gonzalo Herranz, Secretario del Comité de Ética de la OMC, publicadas en las últimas semanas en Diario Médico. Es especialmente interesante su reflexión sobre cómo ha variado el significado del término concepción.
Sobre la cuestión de la financiación, no parece estar del todo claro cuál ha sido el criterio de la administración. Tal vez haya influido el hecho de que de 14 países europeos, la pdd sólo está financiada en uno de ellos: Holanda. Por otra parte, la combinación de estrógeno y progestágeno que venía siendo utilizada hasta ahora con los mismos fines sí que es financiada. Aunque no se especifique en las indicaciones su uso como “contraceptivo de emergencia”, en la práctica se utiliza también para este propósito. Comparando la nueva alternativa con la tradicional, los estudios muestran una similar eficacia y una tolerancia más favorable para el nuevo tratamiento. No obstante, éste último tiene un coste varias veces superior. No debe causar extrañeza pues, que esta situación haya provocado las críticas de las portavoces de Sanidad del PSOE y de IU. Algunas voces juzgan la decisión de no financiar la pdd como puramente economicista y que pretende no contribuir al crecimiento del gasto farmacéutico. Otras en cambio opinan que es prioritario atender otras necesidades sanitarias, como por ejemplo reducir las listas de espera. Alcanzar un consenso en este punto va a ser también harto complicado. Ya hay dos gobiernos autonómicos (Andalucía y Madrid) que han decidido suministrar gratuitamente a quien lo necesite la pdd a través de los servicios públicos de urgencia y de atención hospitalaria. ¿Cuál será la próxima autonomía que se unirá a Andalucía y Madrid? ¿Canarias?
La necesidad de receta para su adquisición es otro de los temas polémicos. De nuevo, la situación en otros países puede haber ejercido alguna influencia. Solamente tres países de nuestro entorno no precisan receta: Francia, Portugal y Reino Unido. Incluso en Estados Unidos sólo el estado de Virginia no exige prescripción médica. El criterio de la necesidad de receta es claramente predominante.
Si en algún tema nos parece prioritario profundizar es en el de la cuestión ética. Especialmente médicos y farmacéuticos habrían de debatir a fondo este asunto y prepararse para ofrecer a los ciudadanos información objetiva y comprensible, que les permita tomar sus propias decisiones y actuar según su propia conciencia. Asimismo, es necesario invertir recursos en prevención, proporcionando a los jóvenes más información y formación sanitaria en temas tales como: formación sexual, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
Para empezar, en mi opinión deberíamos hablar de debates, en plural, y no de debate, en singular, pues al menos son tres las cuestiones en discusión. Uno, si se trata de un contraceptivo o de un contragestivo (o abortivo). Dos, si debe ser financiado por la administración sanitaria o no. Tres, si su adquisición debe requerir prescripción médica o puede dispensarse en la farmacia sin necesidad de receta.
Respecto a la primera disyuntiva, es difícil llegar a una conclusión, pues según manifestó en la reunión antes mencionada Francisca Martínez, ginecóloga del Instituto Dexeus de Barcelona y Presidenta de la Sociedad Española de Contracepción, los estudios clínicos publicados no demuestran el mecanismo de acción por el cual el levonorgestrel (principio activo de la pdd) ejerce su efecto. No se sabe si éste tiene lugar inhibiendo o retrasando la ovulación, impidiendo la unión del óvulo y del espermatozoide, evitando la implantación del embrión en el útero, o a través de cualquier otro mecanismo. En función de cuál pueda ser este mecanismo, el producto deberá ser llamado contraceptivo, si impide la formación del embrión, o contragestivo, si evita su implantación en el útero. Si nos atenemos a lo que se afirma en la información suministrada por el laboratorio que comercializa la pdd en nuestro país, el producto sería ambas cosas, pues “impide la ovulación inhibiendo el pico de LH” e “impide la implantación produciendo cambios endometriales y alteración del moco cervical”. Sea como fuere, lo que no parece demostrado es que la pdd no tenga un efecto abortivo, por lo que se comprende la reacción de los disconformes con esta práctica, en general, y de la Conferencia Episcopal, en particular. Para todo aquél a quien interese el tema, juzgo de sumo interés la lectura de las tres Tribunas de Gonzalo Herranz, Secretario del Comité de Ética de la OMC, publicadas en las últimas semanas en Diario Médico. Es especialmente interesante su reflexión sobre cómo ha variado el significado del término concepción.
Sobre la cuestión de la financiación, no parece estar del todo claro cuál ha sido el criterio de la administración. Tal vez haya influido el hecho de que de 14 países europeos, la pdd sólo está financiada en uno de ellos: Holanda. Por otra parte, la combinación de estrógeno y progestágeno que venía siendo utilizada hasta ahora con los mismos fines sí que es financiada. Aunque no se especifique en las indicaciones su uso como “contraceptivo de emergencia”, en la práctica se utiliza también para este propósito. Comparando la nueva alternativa con la tradicional, los estudios muestran una similar eficacia y una tolerancia más favorable para el nuevo tratamiento. No obstante, éste último tiene un coste varias veces superior. No debe causar extrañeza pues, que esta situación haya provocado las críticas de las portavoces de Sanidad del PSOE y de IU. Algunas voces juzgan la decisión de no financiar la pdd como puramente economicista y que pretende no contribuir al crecimiento del gasto farmacéutico. Otras en cambio opinan que es prioritario atender otras necesidades sanitarias, como por ejemplo reducir las listas de espera. Alcanzar un consenso en este punto va a ser también harto complicado. Ya hay dos gobiernos autonómicos (Andalucía y Madrid) que han decidido suministrar gratuitamente a quien lo necesite la pdd a través de los servicios públicos de urgencia y de atención hospitalaria. ¿Cuál será la próxima autonomía que se unirá a Andalucía y Madrid? ¿Canarias?
La necesidad de receta para su adquisición es otro de los temas polémicos. De nuevo, la situación en otros países puede haber ejercido alguna influencia. Solamente tres países de nuestro entorno no precisan receta: Francia, Portugal y Reino Unido. Incluso en Estados Unidos sólo el estado de Virginia no exige prescripción médica. El criterio de la necesidad de receta es claramente predominante.
Si en algún tema nos parece prioritario profundizar es en el de la cuestión ética. Especialmente médicos y farmacéuticos habrían de debatir a fondo este asunto y prepararse para ofrecer a los ciudadanos información objetiva y comprensible, que les permita tomar sus propias decisiones y actuar según su propia conciencia. Asimismo, es necesario invertir recursos en prevención, proporcionando a los jóvenes más información y formación sanitaria en temas tales como: formación sexual, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
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