Debido a las patentes ya vencidas o próximas a vencer y a los reveses sufridos durante la investigación o la comercialización de algunos productos que prometían compensar la pérdida de exclusividad, los crecimientos esperados se han reducido drásticamente y, en consecuencia, algunas compañías se han visto en la necesidad de anunciar en 2007 planes de reducción de gastos, de reestructuración de sus operaciones y de recortes de plantilla. Otras ya lo hicieron en los dos años precedentes.
A finales de 2006 Pfizer hizo público que abandonaba el desarrollo de torcetrapib, el producto más prometedor de su cartera y que iba a ser el sustituto de Cardyl/Lipitor (atorvastatina DCI). Poco después la compañía anunció el recorte de 10.000 empleos y un plan por el que pretendía alcanzar en 2008 una reducción de gastos de 4.000 millones de dólares. El plan contempla reducir el número de plantas de fabricación, desde las 93 que tenía hace cuatro años hasta llegar a 60 este año. Jeffrey Kindler, su presidente y consejero delegado, anunció en junio de 2007 que continuaría con el proceso de externalizar la fabricación.
En julio AstraZeneca y Johnson & Johnson anunciaron sendas iniciativas para reducir gastos. AstraZeneca comentó que reduciría su plantilla en un 10 por ciento, lo que supone eliminar 7.600 empleos. Por su parte, Johnson & Johnson comunicó una plan para alcanzar en 2008 un ahorro de 1.300 a 1.600 millones de dólares anuales, incluyendo el recorte del 3 al 4 por ciento de su fuerza laboral.
Las restricciones a la prescripción de las eritropoyetinas llevaron a Amgen, la mayor biotecnológica mundial, a anunciar en agosto de 2007 que reduciría entre 2.200 y 2.600 empleos, de un 12 a un 14 por ciento de su plantilla a nivel mundial, con el fin de recortar entre 1.000 y 1.300 millones de dólares de gastos anuales en 2008, mejorando así sus previsiones de resultados. Quizá por este motivo Amgen comunicó en octubre que posponía de manera indefinida su plan para construir una planta de fabricación en Cork, Irlanda.
En octubre la británica GlaxoSmithKline hizo público un plan para mejorar la productividad de sus operaciones, esperando obtener de este modo en 2010 ahorros por valor de 1.450 millones de dólares anuales. Sin duda ello contribuirá a compensar, de un lado, el impacto de la competencia de genéricos y, de otro, los menores ingresos de Avandia (rosiglitazona DCI), un antidiabético cuya seguridad ha sido puesta en duda al relacionarse su uso con un incremento del riesgo cardiovascular.
Por último cabe destacar el reciente anuncio de Bristol-Myers Squibb. La compañía neoyorquina comunicó a principios de diciembre que recortaría su fuerza laboral en un 10 por ciento, unos 4.300 empleos, y que se desharía de más de la mitad de sus fábricas, para alcanzar en 2010 un ahorro de 1.500 millones de dólares. Probablemente la lenta introducción de Orencia (abatacept DCI) y de Sprycel (dasatinib DCI) así como el daño sufrido por las ventas de Plavix hayan sido determinantes en la decisión de BMS.
El pasado 6 de diciembre un artículo publicado por el Wall Street Journal comentaba que más de tres docenas de medicamentos perderán su patente entre el 2007 y el 2012, lo que en conjunto supondrá una pérdida de 67.000 millones de dólares de facturación. El impacto será tan importante que la industria farmacéutica sufrirá un retroceso hacia el final de este período. La industria ya ha anunciado durante el 2007 la eliminación de al menos 21.000 empleos y el cierre de plantas de fabricación, centros de I+D y oficinas.
Es patente que la industria innovadora no pasa por su mejor momento. Es más, lo peor quizá esté aún por venir. Todo ello debería hacernos reflexionar a todos, en general, y particularmente a quienes tienen la responsabilidad de legislar en materia de regulación del sector y a quienes la tienen en proteger la investigación y en salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. Sin menoscabo, por supuesto, de las obligaciones de velar por la salud pública y los intereses generales.
