Desde hace cinco años, gracias a la Fundación Vila Casas y al Observatorio de la Comunidad Científica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, se publica anualmente el Informe Quiral, un dossier que se basa en el análisis de las informaciones de sanidad publicadas en los medios de comunicación escritos, habiéndose convertido ya en una referencia para conocer los temas que preocupan a la sociedad en el ámbito sanitario. En su última edición (2000), entre otras conclusiones, se constata que “los mismos valores-noticia que son válidos para otros temas de la agenda periodística, lo son también para las noticias de salud y medicina, es decir, aquellos que llevan asociadas características (o valores) como espectacularidad, grandiosidad, negatividad, controversia, proximidad, novedad, etc.” Esto es, por tanto, válido también para las noticias relacionadas con la industria farmacéutica.
Con la misma ligereza con que se anuncia, por ejemplo, un nuevo anticancerígeno que todavía se encuentra en sus fases preliminares de investigación, se describe la consecución de supuestos resultados económicos o financieros espectaculares o se critica la falta de solidaridad de la industria con los países menos favorecidos económicamente. El trato que, aún hoy, recibe la información sobre el sector farmacéutico en los medios de comunicación de masas, lejos de ponderar el análisis, parece radicalizarse, contribuyendo así a crear una imagen de industria interesada únicamente en conseguir beneficios para sus accionistas. Parece como si la presión creciente a la que viven sometidas las compañías farmacéuticas alimentase esta tendencia. También cabe la posibilidad de que hasta el presente la industria farmacéutica no haya sabido transmitir el valor que aporta a la sociedad.
Hasta los años ochenta, el crecimiento en la industria farmacéutica se basaba en invertir fuertemente en investigación y desarrollo, comercializar el resultado obtenido e invertir gran parte de los beneficios subsecuentes en obtener nuevos productos. Hace dos décadas, el entorno se volvió mucho más hostil, debido en buena parte a las medidas aplicadas por los gobiernos para contener el gasto, a los crecientes costes en I+D, a las mayores exigencias en la obtención de las autorizaciones de comercialización, al vencimiento de la patente de importantes productos y la consecuente competencia de genéricos, etc. En numerosas ocasiones, se ha explicado así, por ejemplo, la ola de fusiones y adquisiciones que siguió a estos cambios o la externalización de funciones que se consideraba no añadían valor.
En este contexto, las exigencias a la industria se han justificado frecuentemente con apelaciones a sus crecientes ingresos anuales, sin valorar suficientemente el marco de elevado riesgo en que se desarrollan sus actividades. Por cada medicamento que llega a comercializarse, es necesario sintetizar y evaluar varios miles de compuestos, con un coste asociado que se ha multiplicado por cinco en los últimos 25 años. Los detractores de la industria deberían explicar cómo, sin beneficios, pueden conseguirse los 80.000 millones de pesetas (o, si se prefiere, los 500 millones de euros) que cuesta poner un nuevo producto en el mercado. En plena era de la genómica, la mayor parte de las empresas de biotecnología están generando perdidas millonarias (en dólares), mientras que existen en este momento más de un centenar de productos comercializados. Aquellos que atribuyen desorbitados beneficios al sector, deberían explicar por qué las compañías farmacéuticas distribuyen similares dividendos a sus accionistas que otros sectores con parecida valoración. Aunque el beneficio constituye un tema legítimo en el debate sobre los precios de los medicamentos y el gasto farmacéutico, debe enmarcarse sólo en un contexto de márgenes comparativos con otros sectores y teniendo en cuenta tanto costes de desarrollo, como costes directos de producción.
De hecho, quien se beneficia realmente de la actividad de la industria farmacéutica es la sociedad en su conjunto. En primer lugar, mediante la reducción de los costes de atención sanitaria a través del control y la prevención de enfermedades, permitiendo a las personas mantenerse en buen estado de salud y potencialmente productivas. Por poner un ejemplo, treinta años atrás, el tratamiento de la úlcera péptica requería cirugía, seguido de hospitalización de una semana y convalecencia de dos o tres meses, con resultados a veces insatisfactorios. Actualmente, el coste del tratamiento se ha reducido notablemente gracias al uso de medicamentos. En segundo lugar, proporcionando empleo a un elevado número de personas (35.000 solamente en nuestro país), de las cuales una buena parte es personal altamente cualificado.
La industria farmacéutica no sólo merece ser objeto de crítica, como con demasiada frecuencia viene sucediendo. También merece que se le reconozcan sus méritos. Y en ello, los medios de comunicación tienen una parte importante de responsabilidad al informar. En numerosas ocasiones, cuando leemos una noticia relacionada con el sector, se echan en falta análisis realizados con mayor ponderación, con rigor profesional, contrastando las informaciones antes de su publicación, llegando incluso a causar alarma en los pacientes o minar la confianza de la sociedad en los medicamentos. Sería necesario no dejarse llevar tan a menudo por la urgencia del día a día de la profesión y abordar la elaboración de determinadas noticias con mayor reflexión. No cabe duda, que a ello debe ayudar un diálogo fluido y permanente, no esporádico, con la industria. Tal vez, muchos periodistas se sorprenderían al descubrir que la mayoría de las personas de este sector se siente motivada por la fuerte creencia en el valor humano y social de su trabajo.
Monday, September 10, 2001
Monday, June 4, 2001
El debate de la píldora del día después
Hace algunos días he tenido la oportunidad de asistir a un acto organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona con motivo de la comercialización de la impropiamente llamada “píldora del día después” o pdd (digo impropiamente porque píldora es según el diccionario de la RAE una “bolita que se hace mezclando un medicamento con un excipiente adecuado para ser administrado por vía oral”, y la forma galénica en la que se presenta este nuevo producto es la de comprimido). El objetivo de la reunión era informar a los farmacéuticos sobre las características de este nuevo medicamento y resolver las dudas que éstos pudieran tener. En su alocución introductoria, Joan Durán, Presidente del COF de Barcelona, propuso centrar el contenido del acto en los aspectos farmacológicos y rogó al público asistente evitar el debate de las cuestiones éticas. No obstante, muy acertadamente, no obvió tratar estas últimas en un próximo encuentro si se consideraba necesario. Explícitamente reconoció el derecho del farmacéutico a la objeción de conciencia, aunque advirtió que la ley está por encima de la conciencia del ciudadano. Más de uno podrá preguntarse si es necesario profundizar en el debate de la pdd.
Para empezar, en mi opinión deberíamos hablar de debates, en plural, y no de debate, en singular, pues al menos son tres las cuestiones en discusión. Uno, si se trata de un contraceptivo o de un contragestivo (o abortivo). Dos, si debe ser financiado por la administración sanitaria o no. Tres, si su adquisición debe requerir prescripción médica o puede dispensarse en la farmacia sin necesidad de receta.
Respecto a la primera disyuntiva, es difícil llegar a una conclusión, pues según manifestó en la reunión antes mencionada Francisca Martínez, ginecóloga del Instituto Dexeus de Barcelona y Presidenta de la Sociedad Española de Contracepción, los estudios clínicos publicados no demuestran el mecanismo de acción por el cual el levonorgestrel (principio activo de la pdd) ejerce su efecto. No se sabe si éste tiene lugar inhibiendo o retrasando la ovulación, impidiendo la unión del óvulo y del espermatozoide, evitando la implantación del embrión en el útero, o a través de cualquier otro mecanismo. En función de cuál pueda ser este mecanismo, el producto deberá ser llamado contraceptivo, si impide la formación del embrión, o contragestivo, si evita su implantación en el útero. Si nos atenemos a lo que se afirma en la información suministrada por el laboratorio que comercializa la pdd en nuestro país, el producto sería ambas cosas, pues “impide la ovulación inhibiendo el pico de LH” e “impide la implantación produciendo cambios endometriales y alteración del moco cervical”. Sea como fuere, lo que no parece demostrado es que la pdd no tenga un efecto abortivo, por lo que se comprende la reacción de los disconformes con esta práctica, en general, y de la Conferencia Episcopal, en particular. Para todo aquél a quien interese el tema, juzgo de sumo interés la lectura de las tres Tribunas de Gonzalo Herranz, Secretario del Comité de Ética de la OMC, publicadas en las últimas semanas en Diario Médico. Es especialmente interesante su reflexión sobre cómo ha variado el significado del término concepción.
Sobre la cuestión de la financiación, no parece estar del todo claro cuál ha sido el criterio de la administración. Tal vez haya influido el hecho de que de 14 países europeos, la pdd sólo está financiada en uno de ellos: Holanda. Por otra parte, la combinación de estrógeno y progestágeno que venía siendo utilizada hasta ahora con los mismos fines sí que es financiada. Aunque no se especifique en las indicaciones su uso como “contraceptivo de emergencia”, en la práctica se utiliza también para este propósito. Comparando la nueva alternativa con la tradicional, los estudios muestran una similar eficacia y una tolerancia más favorable para el nuevo tratamiento. No obstante, éste último tiene un coste varias veces superior. No debe causar extrañeza pues, que esta situación haya provocado las críticas de las portavoces de Sanidad del PSOE y de IU. Algunas voces juzgan la decisión de no financiar la pdd como puramente economicista y que pretende no contribuir al crecimiento del gasto farmacéutico. Otras en cambio opinan que es prioritario atender otras necesidades sanitarias, como por ejemplo reducir las listas de espera. Alcanzar un consenso en este punto va a ser también harto complicado. Ya hay dos gobiernos autonómicos (Andalucía y Madrid) que han decidido suministrar gratuitamente a quien lo necesite la pdd a través de los servicios públicos de urgencia y de atención hospitalaria. ¿Cuál será la próxima autonomía que se unirá a Andalucía y Madrid? ¿Canarias?
La necesidad de receta para su adquisición es otro de los temas polémicos. De nuevo, la situación en otros países puede haber ejercido alguna influencia. Solamente tres países de nuestro entorno no precisan receta: Francia, Portugal y Reino Unido. Incluso en Estados Unidos sólo el estado de Virginia no exige prescripción médica. El criterio de la necesidad de receta es claramente predominante.
Si en algún tema nos parece prioritario profundizar es en el de la cuestión ética. Especialmente médicos y farmacéuticos habrían de debatir a fondo este asunto y prepararse para ofrecer a los ciudadanos información objetiva y comprensible, que les permita tomar sus propias decisiones y actuar según su propia conciencia. Asimismo, es necesario invertir recursos en prevención, proporcionando a los jóvenes más información y formación sanitaria en temas tales como: formación sexual, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
Para empezar, en mi opinión deberíamos hablar de debates, en plural, y no de debate, en singular, pues al menos son tres las cuestiones en discusión. Uno, si se trata de un contraceptivo o de un contragestivo (o abortivo). Dos, si debe ser financiado por la administración sanitaria o no. Tres, si su adquisición debe requerir prescripción médica o puede dispensarse en la farmacia sin necesidad de receta.
Respecto a la primera disyuntiva, es difícil llegar a una conclusión, pues según manifestó en la reunión antes mencionada Francisca Martínez, ginecóloga del Instituto Dexeus de Barcelona y Presidenta de la Sociedad Española de Contracepción, los estudios clínicos publicados no demuestran el mecanismo de acción por el cual el levonorgestrel (principio activo de la pdd) ejerce su efecto. No se sabe si éste tiene lugar inhibiendo o retrasando la ovulación, impidiendo la unión del óvulo y del espermatozoide, evitando la implantación del embrión en el útero, o a través de cualquier otro mecanismo. En función de cuál pueda ser este mecanismo, el producto deberá ser llamado contraceptivo, si impide la formación del embrión, o contragestivo, si evita su implantación en el útero. Si nos atenemos a lo que se afirma en la información suministrada por el laboratorio que comercializa la pdd en nuestro país, el producto sería ambas cosas, pues “impide la ovulación inhibiendo el pico de LH” e “impide la implantación produciendo cambios endometriales y alteración del moco cervical”. Sea como fuere, lo que no parece demostrado es que la pdd no tenga un efecto abortivo, por lo que se comprende la reacción de los disconformes con esta práctica, en general, y de la Conferencia Episcopal, en particular. Para todo aquél a quien interese el tema, juzgo de sumo interés la lectura de las tres Tribunas de Gonzalo Herranz, Secretario del Comité de Ética de la OMC, publicadas en las últimas semanas en Diario Médico. Es especialmente interesante su reflexión sobre cómo ha variado el significado del término concepción.
Sobre la cuestión de la financiación, no parece estar del todo claro cuál ha sido el criterio de la administración. Tal vez haya influido el hecho de que de 14 países europeos, la pdd sólo está financiada en uno de ellos: Holanda. Por otra parte, la combinación de estrógeno y progestágeno que venía siendo utilizada hasta ahora con los mismos fines sí que es financiada. Aunque no se especifique en las indicaciones su uso como “contraceptivo de emergencia”, en la práctica se utiliza también para este propósito. Comparando la nueva alternativa con la tradicional, los estudios muestran una similar eficacia y una tolerancia más favorable para el nuevo tratamiento. No obstante, éste último tiene un coste varias veces superior. No debe causar extrañeza pues, que esta situación haya provocado las críticas de las portavoces de Sanidad del PSOE y de IU. Algunas voces juzgan la decisión de no financiar la pdd como puramente economicista y que pretende no contribuir al crecimiento del gasto farmacéutico. Otras en cambio opinan que es prioritario atender otras necesidades sanitarias, como por ejemplo reducir las listas de espera. Alcanzar un consenso en este punto va a ser también harto complicado. Ya hay dos gobiernos autonómicos (Andalucía y Madrid) que han decidido suministrar gratuitamente a quien lo necesite la pdd a través de los servicios públicos de urgencia y de atención hospitalaria. ¿Cuál será la próxima autonomía que se unirá a Andalucía y Madrid? ¿Canarias?
La necesidad de receta para su adquisición es otro de los temas polémicos. De nuevo, la situación en otros países puede haber ejercido alguna influencia. Solamente tres países de nuestro entorno no precisan receta: Francia, Portugal y Reino Unido. Incluso en Estados Unidos sólo el estado de Virginia no exige prescripción médica. El criterio de la necesidad de receta es claramente predominante.
Si en algún tema nos parece prioritario profundizar es en el de la cuestión ética. Especialmente médicos y farmacéuticos habrían de debatir a fondo este asunto y prepararse para ofrecer a los ciudadanos información objetiva y comprensible, que les permita tomar sus propias decisiones y actuar según su propia conciencia. Asimismo, es necesario invertir recursos en prevención, proporcionando a los jóvenes más información y formación sanitaria en temas tales como: formación sexual, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
Monday, January 8, 2001
Una alianza farmacéutica europea
A principios de 1993 una compañía belga (Qualiphar), una española (Fardi) y una francesa (Gifrer Barbezat) unían sus fuerzas para crear Euralliance Farma (EF), la primera alianza estratégica de fabricantes independientes en el ámbito del autocuidado de la salud. Esta Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) del sector de los medicamentos OTC pudo constituirse gracias a una normativa de la Comunidad Europea que se aprobó en 1985 (Reglamento (CEE) nº 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985) y que desde entonces permite a las compañías cooperar a través de redes mientras mantenienen su independencia. Quizá vale la pena destacar que EF es la primera y, hasta ahora, única cooperación de este tipo en el sector farmacéutico europeo.
Según declaran en su sitio web (www.euralliance-farma.com), la facturación conjunta de los socios de EF se sitúa en torno a los 120 millones de euros en el mercado OTC europeo y su crecimiento tiene lugar a un ritmo mayor que el promedio de este mercado. De los tres socios iniciales el grupo se ha ido incrementando hasta alcanzar los diez que lo forman actualmente. Pero, es interesante analizar cuáles han podido ser las motivaciones de sus miembros para asociarse y si éstas pueden justificar la colaboración y hacer que perdure en el tiempo.
Una de las características de los miembros de EF es la de ser compañías locales, es decir, que operan básicamente en un ámbito nacional. Por lo tanto, una motivación inmediata para pertenecer a la alianza es la posibilidad de acceder con sus productos a otros mercados europeos clave. No en vano, es uno de los objetivos de la alianza tener en sus filas al menos una compañía de cada uno de los países de la Unión Europea (UE). No obstante, en la práctica, el mercado al que tienen acceso los integrantes de EF trasciende ya las fronteras de la UE, pues entre los socios hay una compañía eslovena (Lek) y una suiza (Vifor). Hay que hacer notar que, de acuerdo con la normativa que regula las AEIE (artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 2137/85), estas compañías no pueden ser miembros de pleno derecho de la alianza, debido a que sus países de origen no pertenecen a la UE.
En un sentido inverso, los socios de EF pueden optar a la comercialización de nuevos productos en sus respectivos mercados nacionales. Considérese que con el número de miembros actuales, la cartera de productos OTC de EF supera los 600, distribuidos en las categorías más importantes. ¿A qué compañía no le gustaría disponer de semejante vademécum? Antes de ofrecer la comercialización a un tercero, los socios tienen la obligación de tantear el interés de los otros miembros. Lógicamente, las posibilidades de comercialización dentro de la alianza son múltiples, pues se puede realizar, por ejemplo, manteniendo la marca original, utilizando una nueva marca o extendiendo a una nueva categoría una marca ya consolidada. Incluso puede ser interesante llegar a plantear posicionamientos distintos en diferentes mercados, de acuerdo con los intereses y las costumbres de los consumidores. No cabe duda de que una alianza de este tipo no sólo puede ser beneficiosa para acceder a nuevos productos y nuevos mercados, sino que permite ganar en experiencia y en conocimiento sobre los consumidores, sobre la distribución, sobre la competencia y sobre otros importantes factores en territorios poco conocidos o inexplorados.
Pero no sólo pueden obtenerse beneficios en el área de la comercialización. En un entorno en el que los costes para desarrollar y comercializar nuevos productos son cada vez mayores, resulta sumamente provechoso poner en común recursos en áreas tales como investigación y desarrollo, producción o logística, pues ello permite llevar a cabo proyectos que de otro modo no serían viables en términos financieros, al tiempo que se consigue reducciones importantes en la partida de gastos generales. En caso de que todos o algunos de los miembros estén interesados en el desarrollo, comercialización o distribución de algún producto, se forma un grupo específico para gestionar el estudio y, eventualmente, implementar el proyecto. De este modo la alianza puede funcionar de un modo parecido a como lo hace una multinacional, aunque manteniendo la independencia de cada uno de los miembros. Es indiscutible que la coordinación de esfuerzos es clave para garantizar la eficiencia y alcanzar unos óptimos resultados. Porque puede uno imaginarse las numerosas dificultades y obstáculos que pueden surgir al hacer realidad estos planteamientos. Por ejemplo, ¿cómo se puede coordinar la actividad de ocho departamentos de I+D? ¿Cómo se distribuyen las tareas y los recursos? Y de un modo más general, ¿cómo se consigue hacer converger los intereses de compañías con diferente grado de desarrollo, diferentes culturas y que hasta hablan idiomas distintos? No es de extrañar, pues, que no todos los miembros hayan encontrado plena satisfacción en la alianza. Desde su fundación cuatro empresas la han abandonado, entre ellas Gifrer, una de las compañías fundadoras. En mi opinión, para que una asociación de este tipo sea viable y tenga éxito, sus miembros deben ser capaces de asumir un elevado grado de compromiso tanto en el tiempo como en la fijación de prioridades. Para ello es tan necesaria la selección rigurosa de los socios, como que entre las personas de los equipos directivos de las diferentes compañías asociadas exista la voluntad y la capacidad de desarrollar un grado de confianza notable en sus relaciones. Si ya desde el inicio no se es muy exigente en estos aspectos, a medida que la asociación crezca en forma aritmética, las dificultades lo pueden hacer en forma geométrica o exponencial. Si, tal como la asociación parece pretender, se incorpora un nuevo miembro por cada país que se amplíe la UE, ¿se imaginan ustedes lo que puede ser hacer funcionar una alianza de 27 companías?
Según declaran en su sitio web (www.euralliance-farma.com), la facturación conjunta de los socios de EF se sitúa en torno a los 120 millones de euros en el mercado OTC europeo y su crecimiento tiene lugar a un ritmo mayor que el promedio de este mercado. De los tres socios iniciales el grupo se ha ido incrementando hasta alcanzar los diez que lo forman actualmente. Pero, es interesante analizar cuáles han podido ser las motivaciones de sus miembros para asociarse y si éstas pueden justificar la colaboración y hacer que perdure en el tiempo.
Una de las características de los miembros de EF es la de ser compañías locales, es decir, que operan básicamente en un ámbito nacional. Por lo tanto, una motivación inmediata para pertenecer a la alianza es la posibilidad de acceder con sus productos a otros mercados europeos clave. No en vano, es uno de los objetivos de la alianza tener en sus filas al menos una compañía de cada uno de los países de la Unión Europea (UE). No obstante, en la práctica, el mercado al que tienen acceso los integrantes de EF trasciende ya las fronteras de la UE, pues entre los socios hay una compañía eslovena (Lek) y una suiza (Vifor). Hay que hacer notar que, de acuerdo con la normativa que regula las AEIE (artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 2137/85), estas compañías no pueden ser miembros de pleno derecho de la alianza, debido a que sus países de origen no pertenecen a la UE.
En un sentido inverso, los socios de EF pueden optar a la comercialización de nuevos productos en sus respectivos mercados nacionales. Considérese que con el número de miembros actuales, la cartera de productos OTC de EF supera los 600, distribuidos en las categorías más importantes. ¿A qué compañía no le gustaría disponer de semejante vademécum? Antes de ofrecer la comercialización a un tercero, los socios tienen la obligación de tantear el interés de los otros miembros. Lógicamente, las posibilidades de comercialización dentro de la alianza son múltiples, pues se puede realizar, por ejemplo, manteniendo la marca original, utilizando una nueva marca o extendiendo a una nueva categoría una marca ya consolidada. Incluso puede ser interesante llegar a plantear posicionamientos distintos en diferentes mercados, de acuerdo con los intereses y las costumbres de los consumidores. No cabe duda de que una alianza de este tipo no sólo puede ser beneficiosa para acceder a nuevos productos y nuevos mercados, sino que permite ganar en experiencia y en conocimiento sobre los consumidores, sobre la distribución, sobre la competencia y sobre otros importantes factores en territorios poco conocidos o inexplorados.
Pero no sólo pueden obtenerse beneficios en el área de la comercialización. En un entorno en el que los costes para desarrollar y comercializar nuevos productos son cada vez mayores, resulta sumamente provechoso poner en común recursos en áreas tales como investigación y desarrollo, producción o logística, pues ello permite llevar a cabo proyectos que de otro modo no serían viables en términos financieros, al tiempo que se consigue reducciones importantes en la partida de gastos generales. En caso de que todos o algunos de los miembros estén interesados en el desarrollo, comercialización o distribución de algún producto, se forma un grupo específico para gestionar el estudio y, eventualmente, implementar el proyecto. De este modo la alianza puede funcionar de un modo parecido a como lo hace una multinacional, aunque manteniendo la independencia de cada uno de los miembros. Es indiscutible que la coordinación de esfuerzos es clave para garantizar la eficiencia y alcanzar unos óptimos resultados. Porque puede uno imaginarse las numerosas dificultades y obstáculos que pueden surgir al hacer realidad estos planteamientos. Por ejemplo, ¿cómo se puede coordinar la actividad de ocho departamentos de I+D? ¿Cómo se distribuyen las tareas y los recursos? Y de un modo más general, ¿cómo se consigue hacer converger los intereses de compañías con diferente grado de desarrollo, diferentes culturas y que hasta hablan idiomas distintos? No es de extrañar, pues, que no todos los miembros hayan encontrado plena satisfacción en la alianza. Desde su fundación cuatro empresas la han abandonado, entre ellas Gifrer, una de las compañías fundadoras. En mi opinión, para que una asociación de este tipo sea viable y tenga éxito, sus miembros deben ser capaces de asumir un elevado grado de compromiso tanto en el tiempo como en la fijación de prioridades. Para ello es tan necesaria la selección rigurosa de los socios, como que entre las personas de los equipos directivos de las diferentes compañías asociadas exista la voluntad y la capacidad de desarrollar un grado de confianza notable en sus relaciones. Si ya desde el inicio no se es muy exigente en estos aspectos, a medida que la asociación crezca en forma aritmética, las dificultades lo pueden hacer en forma geométrica o exponencial. Si, tal como la asociación parece pretender, se incorpora un nuevo miembro por cada país que se amplíe la UE, ¿se imaginan ustedes lo que puede ser hacer funcionar una alianza de 27 companías?
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