Las personas estamos ávidas de información sanitaria. Los temas de salud han encontrado su hueco en los diferentes medios de comunicación. Prácticamente no hay cadena de televisión, radio o prensa que no dedique un espacio más o menos relevante a tratar estos temas de forma periódica. Aún más, si nos acercamos a un kiosco podremos encontrar más de una revista especializada en esta área informativa. Y si nos referimos a Internet, podremos localizar numerosos sitios web que informan sobre cuestiones de índole sanitaria. De hecho, después del sexo, los temas de salud son los más buscados en el ciberespacio.
No cabe duda que una población más educada y mejor informada es un signo claro de progreso. El problema surge cuando gran parte de la información que circula lo hace de una forma incontrolada, como sucede en Internet. Actualmente, los internautas están obteniendo gran cantidad de información no regulada sobre productos farmacéuticos y no hay forma de saber a priori el grado de precisión o veracidad de la misma.
Este problema se agrava día a día, a medida que crece el tamaño de la red y el número de internautas. Por ello es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto cuanto antes. Por su parte, las compañías farmacéuticas deben ser las primeras interesadas en colaborar en la resolución de esta cuestión. Para que esto sea efectivamente posible es necesario revisar el marco legal vigente.
Actualmente, la legislación española limita la publicidad de medicamentos éticos a los profesionales facultados para su dispensación o prescripción. Asimismo, una directiva comunitaria (92/28/EEC) prohibe específicamente esta actividad dentro del territorio de la Unión Europea, aunque se prevé su revisión en el próximo año. Es preciso que las diferentes partes implicadas (autoridades, consumidores, instituciones médicas y farmacéuticas e industria) discutan y lleguen cuanto antes a un consenso sobre de qué forma puede la industria farmacéutica comunicarse directamente con el público para informarle de un modo responsable sobre los productos que comercializa, sean estos medicamentos de prescripción o EFP (Especialidades Farmacéuticas Publicitarias).
En un mundo cada vez más global no tiene demasiado sentido mantener situaciones muy asimétricas. Por ello es necesario que una vez más analicemos el caso de Estados Unidos. Aunque desde 1985 la FDA (Food and Drug Administration) ha permitido la publicidad de productos de prescripción, esta no se ha hecho efectiva en radio o TV hasta el verano de 1997, cuando se permitió el empleo de la marca anunciada y la indicación, pero sin necesidad de comunicar la información que aparece en el prospecto. Esto ha supuesto que de una inversión de 200 millones de dólares en 1992 se haya pasado a 5.800 millones en 1998. No obstante, todos los anuncios difundidos a través de radio o TV deben cumplir con unos criterios mínimos: no deben confundir al consumidor, deben indicar los principales riesgos asociados al uso del medicamento anunciado y deben incluir un mecanismo que asegure que los consumidores pueden obtener fácilmente la información contenida en el prospecto (p. ej.: teléfono gratuito de consulta, dirección de Internet, referencia a un anuncio en prensa, etc.), se debe indicar además el mensaje de que un médico o farmacéutico pueden dar información adicional.
Debido a la limitación legal anteriormente comentada, la experiencia en Europa es aún corta y se centra básicamente en campañas alrededor de una determinada patología, como por ejemplo la campaña sobre el pie de atleta que Novartis (el fabricante del antifúngico Lamisil) llevó a cabo el pasado verano en el Reino Unido, o la campaña sobre incontinencia urinaria desarrollada por Pharmacia Upjohn (el fabricante de Detrusitol) en ese mismo país hace algunos meses y extendida posteriormente a Suecia e Irlanda, o la realizada por BASF en Alemania sobre obesidad. Aunque no cabe duda de que este tipo de campañas tiene un efecto muy positivo, ayudando a concienciar a la población sobre determinados problemas sanitarios y motivándoles a acudir a un profesional en busca de ayuda, es preciso ampliar sus beneficios posibilitando que los fabricantes puedan informar de forma precisa y responsable sobre los tratamientos disponibles en cada momento. De este modo se ofrecería a los ciudadanos la información fiable y de calidad que esperan y que actuaría de forma complementaria a la ofrecida por el médico y el farmacéutico.
