Tras las recientes elecciones legislativas en EEUU, Nancy Pelosi, la primera mujer que preside la Cámara de Representantes del Congreso, se declaró a favor de modificar la ley que regula el programa Medicare en el sentido de que sea el gobierno quien negocie directamente con las compañías farmacéuticas el precio de los fármacos. Desde este año, Medicare no sólo cubre la atención médica de los 43 millones de jubilados que son beneficiarios del programa, sino que también incluye un plan de cobertura farmacéutica, cuya provisión está a cargo de entidades privadas que compiten libremente en el mercado. Los republicanos creen que la libre competencia de los planes privados es la que asegura unos precios razonables. Por su parte los demócratas son de la opinión de que si el gobierno utiliza su enorme capacidad de compra (prácticamente la mitad de los medicamentos del país) puede obtener precios más bajos para los medicamentos negociando directamente con los fabricantes.
A esta propuesta legislativa se suman otras iniciativas que ya se encontraban sobre la mesa antes de los comicios y cuya tramitación podría perjudicar seriamente a la industria. Una de estas iniciativas trata de la revisión de la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), aprobada en 1992, mediante la cual se pretendía reducir el tiempo de registro de nuevos medicamentos. Al presentar el dossier de registro, las compañías farmacéuticas deben pagar a la FDA una tasa adicional que es la que permite contratar personal y equipos extra para acelerar el proceso de evaluación. De este modo, el tiempo de registro se consiguió reducir de tres años a sólo uno. En septiembre de 2007, tras quince años en vigor, corresponde su revisión. De momento, la industria ha aceptado un incremento del 29% en las tasas que pagan para asegurar aprobaciones rápidas y financiar un programa de la FDA para el seguimiento de la seguridad de los medicamentos una vez comercializados.
En relación al tema de la seguridad de los medicamentos, desde la retirada de Vioxx, senadores de ambos partidos han elaborado conjuntamente un par de propuestas que pretenden otorgar más poder a la FDA, obligando a las compañías farmacéuticas a realizar más estudios clínicos y aportar más datos y que eventualmente llevaría además a incorporar advertencias más serias en los prospectos y envases.
Otra de las iniciativas legislativas en la lista propone la autorización para que los pacientes importen medicamentos más baratos desde Canadá. De acuerdo con un estudio del comité de revisión de precios de este país, los canadienses pagan por los medicamentos de prescripción un 62% de lo que lo hacen los estadounidenses. Con todo, la medida planteada no conllevaría automáticamente un importante ahorro para éstos. Un estudio de la oficina presupuestaria del Congreso estimó en un 1% el ahorro que se podría alcanzar con su aprobación. No obstante, aunque las repercusiones económicas sean insignificantes, la medida conlleva el riesgo de poner a la industria en evidencia. Por su parte, la FDA considera que no puede garantizar la eficacia y la seguridad de los medicamentos importados y recuerda que el pasado verano detectó falsificaciones de algunos medicamentos de prescripción de amplio uso, solicitados a través de páginas web vinculadas a una farmacia canadiense, y donde la expedición se hizo desde terceros países. Algunos representantes políticos han señalado que con esta iniciativa no se pretende decirles a los ciudadanos que busquen los medicamentos fuera del país, sino que lo que se busca es presionar a la industria para que rebaje el precio de éstos en EEUU.
La lista de reformas continúa con otros asuntos de no menos importancia, como la modificación de la ley de patentes, que podría restringir la posibilidad de acuerdos entre las compañías innovadoras y las de genéricos; o la reforma del programa Medicaid (de atención a los desfavorecidos), que incluye la reducción de los costes de los medicamentos de prescripción.
Ante el panorama expuesto, no es de extrañar que los inversores anden algo taciturnos estos últimos días del año y que las cotizaciones de las acciones hayan caído más de un 5%. Y puesto que lo que afecta a la industria en EEUU, nos guste o no, nos acaba afectando a los de aquí, esperemos que la situación no vaya a mayores y que podamos comprobar la veracidad de la sentencia que asegura que las autoridades aprietan pero no ahogan.
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