Monday, July 3, 2006

Medicamentos falsos: la salud pública en juego

Acaba de conocerse un nuevo caso de falsificación de medicamentos. Esta vez ha sido en el Reino Unido, donde la policía ha detenido a cinco individuos sospechosos de intentar suministrar copias ilegales de fármacos. En este momento no sabemos cuál será el resultado judicial de este caso, lo que no impide afirmar que esta práctica está llegando a cotas realmente preocupantes. Tanto es así que EE UU y la Unión Europea acaban de alcanzar un acuerdo histórico por el que llevarán a cabo una estrategia conjunta para combatir esta creciente lacra, centrando inicialmente su colaboración en China y Rusia, dos de los países donde la violación de la propiedad intelectual alcanza cifras record.

Aunque las actividades de falsificación datan probablemente de tiempos muy remotos, el problema de la falsificación de medicamentos se mencionó por primera vez en 1985 durante la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional del Medicamento que organizó la OMS en Nairobi (Kenia). Desde entonces, a pesar de las medidas que se han ido adoptando, el problema no ha hecho sino crecer año tras año.

La falta de una definición universalmente aceptada dificulta el poder acotar la magnitud y extensión de este grave problema. Hasta ahora no se ha llevado a cabo un estudio a nivel internacional que permita describir de manera lo más fidedigna posible cuál es el estado de las cuestión. No obstante, en el ámbito de la Unión Europea, según las estadísticas disponibles, las incautaciones de medicamentos falsos se han multiplicado por diez desde el año 2000.

A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de productos, la falsificación de medicamentos supone no sólo un perjuicio para la innovación y un quebranto económico para la industria, sino también un grave problema de salud pública. El uso de medicamentos falsos puede prolongar la duración del tratamiento, exacerbar las patologías tratadas y ser causa de reacciones alérgicas o de toxicidad. En el caso de los antibióticos se pueden generar incluso resistencias. En algunos casos las falsas medicinas pueden llegar a causar la muerte de quienes las consumen. Además el sistema sanitario y los profesionales que trabajan en el mismo pueden ver minada su credibilidad.

Por ello la acción gubernamental y la colaboración internacional son imprescindibles para poner freno y tratar de impedir las actividades de los malhechores en este asunto. A una legislación apropiada se han de añadir un compromiso decidido y una voluntad política férrea. Sólo aplicando con contundencia las leyes y sancionando duramente a los infractores se podrá lograr un efecto disuasorio de la actividad falsificadora. Asimismo es precisa la colaboración con los países en vías de desarrollo, donde se producen la mayor parte de los falsos medicamentos, para ayudarles a fortalecer las estructuras gubernamentales que permitan controlar con eficacia la fabricación, importación, distribución y venta, pues unas estructuras débiles constituyen un adecuado sustrato para la proliferación de las copias ilegales.

Por último, la información y formación tanto de los profesionales sanitarios como especialmente del ciudadano de a pie se revelan también como medidas útiles para tratar de limitar y erradicar la circulación y consumo de medicamentos falsos. Hemos intentado infructuosamente encontrar información sobre el tema en la web del Ministerio de Sanidad y en la de la Agencia Española del Medicamento. Todo lo contrario de lo que nos ha ocurrido en las de la FDA americana o del MHRA británico. Nos preguntamos pues si nuestras autoridades disponen de algún plan. Ni siquiera la Ley de Garantías menciona la falsificación en el artículo que trata sobre la trazabilidad. Tan sólo se nombra para decir que constituye una grave infracción que será objeto de sanción.

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