La industria farmacéutica se enfrenta desde hace algunos años al vencimiento de las patentes de sus blockbusters, los productos que más ingresos le reportan. Esta tendencia será mucho más acusada a finales de la presente década, cuando se alcance el conocido como ‘precipicio de las patentes’. Por este motivo, uno de los mayores desafíos de este sector lo constituye el hallazgo de nuevos productos que reemplacen a los anteriores y que compensen la pérdida de facturación que conlleva la entrada de genéricos equivalentes.
Con este trasfondo, la comisaria anticompetencia, Neelie Kroes, ha presentado hace unos días un informe en el que se da cuenta de algunos hallazgos preliminares sobre una investigación iniciada en enero pasado con el fin de analizar la conducta de compañías innovadoras y de genéricos de las que se sospecha que podrían estar llevando a cabo prácticas restrictivas de la competencia encaminadas a frenar la llegada al mercado de nuevos medicamentos genéricos. Según declaraciones de la comisaria al New York Times, las prácticas anticompetitivas de las innovadoras han podido suponer entre los años 2000 y 2007 un gasto sanitario adicional de 3.000 millones de euros.
La Comisión Europea también cree que las farmacéuticas investigadoras demoran la llegada al mercado de nuevos productos innovadores. Las compañías se defienden argumentado que ellas son las primeras interesadas en introducir nuevos productos y que si no lo hacen antes es debido a escollos de tipo legal o técnico. Al hilo de este asunto coincido con la opinión de Jordi Faus (abogado y socio de Faus & Moliner), quien en estas páginas señalaba que las premisas sobre las que trabaja la Comisión no parecen muy acertadas (ver EG, nº 368).
Mientras que la Comisión observa (y tiene buenos informes que así se lo indican) cómo se ha ido reduciendo la productividad innovadora del sector y cómo su competitividad empeora progresivamente, en lugar de hacer un alarde de autocrítica, de reconocer cierta falta de celo en la asunción de sus obligaciones y de entonar el mea culpa, prefiere optar por la estrategia de ‘la mejor defensa es un buen ataque’. Y así no muestra recato alguno en cargar sobre las espaldas de la industria (innovadora y de genéricos) la responsabilidad de la situación.
Resulta sorprenderte el revuelo causado recientemente cuando desde la Comisión no se ha dado a conocer hechos concretos, sino tan sólo citas seleccionadas que procuran injustamente una visión sesgada e indiscriminada del sector, que vuelve de nuevo a ser ‘el malo de la película’, con la inoportuna colaboración de algunos medios poco profesionales que no han dudado en evocar los fantasmas de siempre y de citar incluso una de las novelas del escritor John Le Carré, quien parece ser ya una referencia obligada en estos asuntos.
A nadie le debe causar extrañeza que las empresas utilicen todos los medios legales y legítimos a su alcance para defender su posición competitiva. Las investigadoras tratan de proteger sus innovaciones y las de genéricos tratan de llegar cuanto antes al mercado. Mientras que corresponde a los poderes públicos establecer, revisar y actualizar, si así se juzga oportuno, las reglas del juego competitivo, velando por que se alcance y mantenga un sano equilibrio, un punto medio en el que conviva una competencia sólida en el sector con un estímulo a la innovación, y una rivalidad justa en beneficio, en último término, de los consumidores, pacientes o contribuyentes, a quienes se deben.
Todo ello debería traducirse en el mercado farmacéutico europeo en procurar unas condiciones que favorezcan el desarrollo de un mercado de genéricos sin menoscabo de la competitividad del sector en su conjunto. Visto desde el lado del paciente o contribuyente, si bien es cierto que a éste le conviene pagar menos por sus tratamientos, también le interesa que se sigan desarrollando terapias innovadoras, que le aporten sobre todo más eficacia y mayor seguridad.
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