La retirada de un medicamento

Una vez más se ha vuelto a producir. Por razones de seguridad, una compañía farmacéutica ha tomado la decisión de retirar uno de sus fármacos del mercado. El debate sobre la seguridad de los medicamentos se ha avivado sobremanera en estos últimos años debido a haberse producido un mayor número de retiradas que en tiempos pretéritos. Como resultado de ello la FDA ha sido objeto de numerosas críticas. En 1992 se aprobó en Estados Unidos la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), mediante la cual se pretendía reducir el tiempo de registro de nuevos medicamentos. Al presentar el dossier de registro, las compañías farmacéuticas deben pagar a la FDA una tasa adicional que es la que permite contratar personal y equipos extra para acelerar el proceso de evaluación. De este modo, el tiempo de registro se ha conseguido reducir de tres años a sólo uno. Ello no sólo supone que los pacientes puedan disponer mucho antes de nuevos remedios terapéuticos, sino que además mejora ostensiblemente la competitividad de la industria farmacéutica americana. Los críticos de la FDA alegan que un acortamiento en el tiempo de evaluación conlleva una reducción en los estándares de calidad con que se realiza el proceso. Pero lo cierto es que, a juzgar por los hechos, el porcentaje de retiradas ha disminuido a lo largo del tiempo. En los años 80, el porcentaje de retiradas de medicamentos estaba en torno al tres por ciento, cifra que fue disminuyendo durante los 90. Actualmente, el porcentaje se sitúa un poco por encima del uno por ciento. Por lo tanto, no parece que la situación haya empeorado. Asimismo, el porcentaje de solicitudes de registro rechazadas sobre las presentadas se ha mantenido invariable a lo largo de los años (10-15%).

De hecho, el incremento tanto en las exigencias por parte de las autoridades reguladoras, como en el número de estudios que realizan las compañías durante el período postcomercialización, explican que la situación sea hoy en día manifiestamente mejor. Otra cosa es poder ofrecer garantías absolutas de seguridad, tal y como comprensiblemente exige la sociedad. Pero con los medios actuales resulta prácticamente imposible. Aunque el número de ensayos clínicos por medicamento se haya más que duplicado y que desde 1980 el número de pacientes participantes haya pasado desde un promedio de 1.500 a más de 4.000, ello no es suficiente para ofrecer plenas garantías de seguridad. Los ensayos clínicos permiten detectar los efectos adversos Tipo A (según la clasificación de Rawlins y Thompson), aquellos basados en las propiedades farmacológicas, relacionados con la dosis y que tienen una incidencia superior al uno por ciento. Por el contrario, los efectos Tipo B, en los que el mecanismo de acción es desconocido, son independientes de la dosis y son más graves, se presentan con una incidencia muy baja, siempre menor al uno por ciento, y en numerosas ocasiones entre uno por diez mil y uno por cien mil. Por lo tanto, para detectar estos efectos adversos sería necesario incluir entre 30.000 y 300.000 pacientes en los ensayos clínicos, lo cual resulta absolutamente prohibitivo para las compañías. A ello hay que añadir que a veces es necesario seguir al paciente durante mucho tiempo antes de que el efecto adverso se manifieste, haciendo muy difícil su detección. En los ensayos además, para evitar sesgos, se excluyen aquellos pacientes que presentan otras patologías o toman concomitantemente otros medicamentos, por lo que hasta que no se comercializa, se desconoce el efecto que tendrá en estas situaciones. Dado que es imposible diseñar ensayos que identifiquen las complicaciones más raras, los estudios postcomercialización resultan cruciales para ayudar a detectar efectos adversos inesperados.

Aquellos profesionales cuyo trabajo está muy relacionado con el mundo de los medicamentos, saben muy bien que la retirada de un fármaco entra dentro de lo previsible. En los albores del siglo XXI, la ciencia no ha conseguido aún garantizar la seguridad absoluta de los fármacos y todavía es preciso asumir un cierto grado de riesgo en su utilización. En un anterior artículo (El Global, nº 17, mayo 2000) me referí a las posibles aplicaciones que podrán derivarse de las investigaciones en farmacogenómica. Una de éstas será el uso de kits de diagnóstico genético, mediante los cuales el médico podrá analizar el perfil genético del paciente y predecir cuál será la respuesta terapéutica ante un determinado tratamiento, pudiendo así prevenir la aparición de graves efectos adversos. Por desgracia hoy en día no disponemos aún de estas herramientas y hemos de seguir confiando en los datos que nos ofrecen los ensayos clínicos y los procedimientos de monitorización empleados durante la vida útil de los medicamentos.

En este contexto, es importante que cada parte implicada asuma su cuota de responsabilidad. La industria farmacéutica, poniendo el mayor esfuerzo y celo tanto durante la fase precomercialización como postcomercialización, actuando con responsabilidad durante la promoción y ayudando a educar a los pacientes. Las autoridades reguladoras, aplicando todo el rigor tanto durante la evaluación del dossier de registro como en el seguimiento posterior. Los médicos, conociendo bien la ficha técnica, interrogando a fondo al paciente antes de prescribir, realizando un cuidadoso seguimiento del tratamiento, exigiendo al paciente que le comunique inmediatamente cualquier anormalidad que pueda presentarse y refiriendo con celeridad a la red de farmacovigilancia cualquier evento importante que se presente. Los farmacéuticos, informando a los pacientes, colaborando con el médico en el seguimiento de éstos y comunicando asimismo a las autoridades todo evento o efecto adverso que juzgue de importancia. El paciente, quien debe jugar un papel más activo, haciendo un seguimiento de su tratamiento, recogiendo los efectos secundarios y colaborando todo lo posible. Y, por supuesto, los medios, actuando con responsabilidad al informar, evitando causar alarma en los pacientes o minar la confianza de la sociedad en los medicamentos. Las compañías farmacéuticas son las primeras interesadas en asegurar que los medicamentos que éstas comercializan son eficaces y seguros. Que se produzcan retiradas de productos es precisamente un reflejo de que los sistemas de seguimiento y control funcionan. Pero para que funcionen lo mejor posible, es necesaria la colaboración de todos.