El 1 de agosto, un elevado número de las 1.600 farmacias de República de Irlanda decidieron abandonar el acuerdo de dispensación estatal que mantenían hasta ese momento con el Health Service Executive (HSE), el organismo estatal que gestiona la provisión sanitaria pública. La disputa se inició cuando la Ministra de Sanidad, Mary Harney, anunció que rebajaría un 34% los honorarios que los farmacéuticos perciben por dispensar los medicamentos cubiertos por los diferentes regímenes que existen en Irlanda.
El pasado mes de marzo los farmacéuticos hicieron una propuesta a través de sus representantes mediante la cual se comprometían a ofrecer al paciente sustituir su medicación por un genérico más económico y aceptaban una rebaja de sus honorarios de un 8%, en línea con las rebajas impuestas a otros profesionales sanitarios. Según los farmacéuticos estas medidas hubiesen ahorrado al estado 83 millones de euros.
El ejecutivo irlandés puso en marcha la medida el pasado 1 de julio buscando conseguir un ahorro de 55 millones de euros durante el presente ejercicio y 133 millones el año próximo. El HSE y el sindicato de farmacias (IPU, Irish Pharmacy Union) entraron en una guerra de cifras acerca de la denuncia del acuerdo de dispensación por parte de las farmacias. Según el sindicato unas 800 farmacias suspendieron el acuerdo y según el gobierno no llegaron a 500 (ver la noticia que publicó Independent.ie). La presidenta del IPU, Liz Hoctor, advirtió que el recorte impuesto unilateralmente era inasumible y que supondría un deterioro del servicio que prestan las farmacias, una pérdida de unos 5.000 puestos de trabajo y el cierre de oficinas.
El 20 de julio el HSE anunció la suspensión a partir del 1 de agosto del contrato de dispensación de las prescripciones estatales por parte de 800 farmacias. El plan de contingencia puesto en marcha por la ministra contemplaba la apertura de dispensarios temporales, la posibilidad de integrar a farmacias de Irlanda del Norte cercanas al límite con la República de Irlanda, así como contratar farmacéuticos en Irlanda del Norte. El sindicato de farmacéuticos de Irlanda del Norte no respaldó la demanda del gobierno de la República de Irlanda y recomendó sentarse a negociar para encontrar una solución.
La presidenta del IPU, el sindicato que representa a la mayoría de las farmacias, acusó al gobierno de querer expulsar del sistema a las pequeñas farmacias independientes para entregar al sector en bandeja a unas pocas multinacionales.
Durante la disputa numerosos pacientes tuvieron que desplazarse lejos de su farmacia habitual y debieron hacer largas colas para ser atendidos. Algunos incluso se vieron obligados a volver con posterioridad al no haber existencias de los medicamentos que necesitaban. El sindicato de farmacéuticos denunció errores y fallos en los puntos de dispensación habilitados por el gobierno que atribuyó a personal poco experimentado y sobrecargado de trabajo.
El portavoz del principal partido de la oposición, Fine Gael, adviritió de las graves consecuencias de no resolver pronto el conflicto y propuso el nombramiento de un mediador, medida que fue rechazada de forma tajante por la ministra.
Tras el compromiso del gobierno de revisar la oportunidad y el impacto de la medida aprobada y dado el fracaso del plan de contingencia puesto en marcha, a mediados de agosto el sindicato de farmacéuticos pidió a las farmacias volver a la normalidad, aunque advirtió que el conflicto estaba lejos de estar solucionado.
En septiembre se celebrarán reuniones regionales y si no se llega a ningún acuerdo, el sindicato volverá a revisar la situación y podrá adoptar nuevas medidas de presión. La ministra mostró su satisfacción por la vuelta a la normalidad y manifestó que la ley de competencia impide al gobierno negociar con el sindicato.
La ministra aceptó que habría algunos cierres de oficinas e hizo referencia a farmacias que habían recibido con facilidad préstamos de los bancos para su puesta en marcha y subrayó que “ese no es un modelo sostenible y no se puede esperar que el contribuyente lo apoye”. Asimismo comentó que los honorarios volverían a los niveles de 2006.
Las cadenas de farmacias, como Boots, ignoraron la protesta y permanecieron abiertas durante los once días que duró la rebelión.
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