En lo que atañe a nuestro país, los logros alcanzados por el sector (tras denodados esfuerzos) no han bastado para favorecer el desarrollo del mercado de las Especialidades Farmacéuticas Publicitarias (EFP). La prueba que mejor avala esta afirmación es su propia evolución. El volumen de ventas de las EFP no sólo no avanza, sino que incluso retrocede. De este modo, la cuota de mercado de las EFP en España se aleja de la que tienen otros países comunitarios.
El principal motivo que explica esta tendencia sigue siendo la actitud restrictiva de la Administración. Ha transcurrido toda una década y el sector continúa demandando la aprobación de las marcas paraguas, el autocontrol en publicidad y la homogeneización con otros países comunitarios del listado de sustancias e indicaciones. No obstante, algunas de estas metas parecen actualmente más cerca de alcanzarse. Tras las finalización de los ensayos actualmente en marcha, es de prever que en 2007 las marcas paraguas ya sean una realidad en nuestro país.
Y es que en todo este tiempo no cabe duda que la sociedad ha avanzado de manera muy notable en el ámbito de la educación sanitaria. Hoy en día los ciudadanos tenemos más información a nuestro alcance y somos más sensibles y receptivos a ésta. Basta con observar en un kiosco cuántas publicaciones se comercializan sobre temas de salud. A lo que hay que añadir la cantidad de información y la accesibilidad a ésta que nos permite Internet. Asimismo con el desarrollo de la Atención Farmacéutica la oficina de farmacia ha visto potenciado su rol de consejero sanitario.
Es por ello que la sociedad española se encuentra madura para asumir mayores cotas de responsabilidad en el cuidado de su salud. Y ello puede hacerse sin menoscabo de las garantías de seguridad con las que cuentan en la actualidad los pacientes. Porque la accesibilidad y proximidad que ofrecen las oficinas de farmacia posibilita tomar decisiones con la asistencia de un profesional sanitario. Entre todos los agentes se está consiguiendo que la automedicación ejercida sin una información adecuada y sin el consejo profesional sea sustituida por el autocuidado responsable e informado.
En todo este proceso de cambio se encuentra a faltar un mayor empeño de la Administración con las EFP que se traduzca en medidas concretas y prácticas de apoyo decidido a su desarrollo. Hasta ahora ha habido y hay diálogo, pero falta avanzar en el compromiso y la acción para que, por ejemplo, el punto 17 del Plan Estratégico de Política Farmacéutica no quede en un brindis al sol. Está demostrado que el fomento del autocuidado responsable conlleva una reducción de necesidades de recursos sanitarios personales y materiales, al descargar las consultas médicas y disminuir el gasto farmacéutico, con lo que se favorece la sostenibilidad del sistema y, lo que es aún más importante, se consigue una notable mejora de la calidad asistencial.
La Administración debe decidir y tiene otra oportunidad de demostrar su apoyo a las EFP modificando el redactado del artículo 19, punto 4, del actual texto de la Ley de Garantías, para permitir así la aplicación de las recomendaciones del G-10 (el Grupo de Alto Nivel sobre Medicamentos de la Comisión Europea), quien recomienda favorecer el cambio de estatus legal de los tratamientos identificados como susceptibles de autocuidado responsable. Para algunas patologías (como la hipercolesterolemia o la migraña) puede ser necesario un ‘diagnóstico médico preciso’ previo, pero posteriormente éstas pueden ser tratadas con seguridad por el propio paciente, como se demuestra en otros países comunitarios.
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